Droguerías entrerrianas en estado de alerta

La Cámara Entrerriana de Droguerías y Distribuidoras de Productos Médicos Asociación Civil nos encontramos en estado de alerta al haber tomado conocimiento que desde un sector del Estado entrerriano se tomó la iniciativa, bajo la figura de un laboratorio y con el formato jurídico de una S.A, de realizar idéntica actividad que las droguerías de la provincia, y con ello interferir en el mercado de venta y distribución de medicación en la provincia; poniendo en riesgo la continuidad de 19 pymes entrerrianas y la consiguiente pérdida de 160 puestos de trabajo genuino.

Bajo la denominación IN.FA.D.E.R. S.A (Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos S.A), con capital estatal del IAPSER y el IAFAS, pretenden desarrollar la actividad que hasta el momento llevan a cabo droguerías y distribuidoras de productos médicos que asisten a la salud pública y privada.

La denuncia pública se sustenta en la sospecha de que, bajo la identificación de laboratorio, se esconde la decisión de interferir en el mercado de la venta y distribución de medicamentos provocando la desaparición, en la práctica, de empresas del rubro, generando, además, un actuar desleal.

Para comprender la urgencia y gravedad de lo que está sucediendo, es clave remontarnos a julio de 2003, cuando el ex gobernador Sergio Montiel procedió a la creación de INFADERSA, con el objeto de “dedicarse por cuenta o de terceros y/o asociada a terceros a la organización, explotación de un laboratorio de productos para medicamentos genéricos y realizar contrataciones y/o cualquier otra actividad que sea menester para el cumplimiento del fin propio, bajo el régimen de la legislación nacional y provincial vigente”.

Pero, en marzo de 2013, la Asamblea General Extraordinaria realizada en las instalaciones del IAPSER modificó el Estatuto y estableció un nuevo objeto social donde “la sociedad se dedicará por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, a la organización, gerenciamiento y gestión de sistemas parciales e integrales de control, provisión, logística, distribución y comercialización de medicamentos, drogas e insumos de farmacias y de establecimiento de salud pública de Entre Ríos, pudiendo extender su oferta de bienes y servicios a otras jurisdicciones de la República Argentina. Podrá asimismo importar y exportar bienes y servicios vinculados a su actividad, y participar de licitaciones y demás procedimientos de contrataciones nacionales e internacionales, privadas y públicas en nuestro país y en el extranjero. Queda facultada para que, por cuenta propia o de terceros y/o asociados a terceros, explote productiva y comercialmente, laboratorios de especialidades medicinales para uso humano y/o veterinario, como así también desarrolle e impulse toda actividad vinculada a la investigación y desarrollo de productos, insumos, drogas y todo elemento y proceso que implique su aprovechamiento y utilización en la industria del medicamento y la salud humana y animal”.

En junio de este año se publicó la instalación de un laboratorio en Concepción del Uruguay, con aportes de IAPSER y IAFAS, pero no se encuentra prevista la producción de medicamentos, sino su comercialización.

El objeto social es muy claro y habla de una comercializadora que va a tercerizar, distribuir medicamentos y productos médicos en todos los hospitales. Esto se monta bajo la primera figura de IN.FA.D.E.R. S.A. como un laboratorio para la fabricación de medicamentos genéricos para hospitales y centros de salud; pero no es lo mismo lo que pretenden hacer con la posterior modificación del estatuto, donde crearon una Sociedad Anónima y no una Sociedad del Estado que gozará de todos los beneficios estatales, lesionándonos como pymes entrerrianas de manera desleal. En resumen, van a hacer lo mismo que hacemos nosotros, pero con todos los beneficios en forma directa desde el Estado.

Se tomaron de una ley para generar la idea de que producirán medicamentos, pero según consta en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, el objeto será la tercerización, esto significa que van a contratar los servicios de una droguería o laboratorio importadores para que ellos hagan la gestión de venta a los hospitales.

Es una situación compleja y vemos con asombro la similitud de esta maniobra con la ejecutada en Tierra del Fuego con el Laboratorio del Fin del Mundo; donde crearon la figura de un laboratorio y lo que menos hicieron fue fabricar medicamentos; comenzaron a comprar y a tercerizar a precios desorbitados y perjudiciales para el Estado, lo que provocó una denuncia e investigación por presunta estafa es casi 55 millones de pesos y tiene imputados a todos los directivos del Laboratorio”.

“Nos alerta cualquier injerencia de este tipo que, en caso de prosperar, afectará gravemente a nuestros asociados con riesgo inminente, colocando en estado de cesación de pagos a más de 20 empresas y la destrucción de fuentes de trabajo; también colocará al Estado en un compromiso serio con la lealtad comercial y el respeto a la competencia”, señala parte de la nota que la Cámara Entrerriana de Droguerías y Distribuidoras de Productos Médicos envió a los Ministerios de Salud y de la Producción el 29 de julio, solicitando una urgente convocatoria, que aún no fue respondida.

¿No sería más factible que el Estado provincial nos convoque para elaborar un plan con empresas locales que generar empleos y tributan en este territorio, en lugar de intervenir en el mercado a través de dos entidades que carecen de especialidad y experiencia, encomendándole un negocio en el que no tienen nada que ver?

Van a hacer lo mismo que hacemos nosotros, pero con todos los beneficios del Estado en forma directa.

La Cámara de Droguerías y Distribuidora de Productos Médicos nuclea la actividad de compraventa de medicamentos de uso humano y/o veterinario, insumos, prótesis y/o como de todo otro producto y/o actividad afín, y/o dedicadas a la elaboración y/o compra venta y/o permuta y/o distribución y/o consignación de medicamentos, descartables, aparatología y materiales de carácter biomédicos.

Sus integrantes somos proveedores del Estado, de los centros privados y de farmacias. Muchas droguerías tienen su propia logística, lo que garantiza una entrega de insumos y medicamentos personalizada. El 90% de las compras de los hospitales son mediante licitaciones. Nos preocupa que esta nueva proveedora pueda evadir ese tipo de gestión, que no sea transparente y no se respete la Ley de Lealtad Comercial”, subrayaron los empresarios de pymes.

Dado que las actividades desarrolladas por las empresas que componen la Cámara están directamente vinculadas con las competencias de entendimiento y acción de Ministerio de Salud, consideramos que sería muy provechoso establecer una instancia de diálogo tendiente al resguardo y al cuidado de los intereses públicos, al tiempo que se respetaría el desarrollo económico de los emprendedores de la comunidad.

Nuestra Cámara nuclea a 19 droguerías de Entre Ríos que generan 160 puestos de trabajo directos y genuinos, que tributan impuestos en la provincia y en los municipios donde se encuentran las sedes”.

Nos alarma el riesgo de desaparición de estas Pymes y la consiguiente pérdida de los puestos laborales debido a la imposibilidad de seguir desarrollando nuestra actividad, como proveedores de insumos y medicamentos a los hospitales y centros de salud entrerrianos.

Las droguerías han tenido un rol preponderante en el último año y medio de pandemia por el virus del Covid-19, proveyendo de medicación a hospitales públicos y privados, y en el caso de los efectores públicos lo hicieron conforme a los procedimientos reglados de la administración.

Actualmente, en línea de insumos para el Covid-19, Entre Ríos es una de las provincias que está comprando a precios más bajos a nivel nacional y eso puede ser ratificado por el ministerio de Salud.

Nuestros representados vienen proveyendo a los hospitales públicos de medicamentos e insumos en tiempo y forma y a precios razonables, sobre todo si los comparamos con los de otras provincias; lo mismo sucede con los costos de flete y logística de distribución, absorbiendo las formas de pago posibles, según las habilitaciones de partidas del Estado. De manera tal que se proveen medicamentos al Estado con responsabilidad social y eficiencia empresarial.