Prorrogan la emergencia hídrica en la cuenca del Paraná
El gobierno prorrogó por 180 días el estado de emergencia hídrica en la región de la cuenca del río Paraná que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires. La medida fue dispuesta en julio del año pasado ante la histórica bajante de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.
Mediante el Decreto 261/2022 que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se dispuso prorrogar el Estado de Emergencia declarado el 24 de julio de 2021 y prorrogado el último 10 de marzo. En esta oportunidad, el gobierno consideró que “si bien se han atenuado los niveles de la bajante por efecto de lluvias puntuales y defluencias de las represas situadas en el área regulada de la Cuenca del Paraná, se continúan provocando afectaciones sobre el abastecimiento del agua potable, la navegación y las operaciones de puerto”.
Medidas
En los considerandos de la normativa, el gobierno expresó como conveniente y necesario extender el Estado de emergencia hídrica «a efectos de asegurar la protección civil en las áreas involucradas y la adopción de las adecuadas acciones de respuesta de parte del Estado Nacional». Además indicó que resulta pertinente que los ministerios y organismos nacionales «continúen con la adopción de las medidas conducentes» para hacer frente a la emergencia .
De esta manera, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo continuarán con las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo; el de Obras Públicas, con la realización de obras de infraestructura; el de Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (Siname), con el apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), la asistencia a las poblaciones ribereñas.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable mantendrá el control de incendios; el de Transporte seguirá observando las posibilidades de navegación y acceso a puertos; el Instituto Nacional del Agua brindará sus servicios técnicos en relación con la emergencia; la Secretaría de Energía asegurará el abastecimiento de energía eléctrica y el Ministerio del Interior se encargará de la coordinación con las provincias afectadas.
Además, el Banco Nación y la AFIP mantendrán la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente; y continúa la suspensión de plazos administrativos en las regiones afectadas.
Impactos
Los bajos niveles del río tienen múltiples impactos económicos y sociales. El más cuantificable tiene que ver con el sobrecosto logístico que genera en la exportación de granos. Por la dificultad en la navegabilidad del río los buques deben cargar menos productos por la escasa profundidad del canal de navegación y, en muchos casos, completar sus bodegas en puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, como Quequén y Bahía Blanca, o hasta en el exterior, en Montevideo o Brasil.
Esta menor ocupación de las bodegas se denomina “falso flete”, ya que el costo del embarque se prorratea en una menor cantidad de toneladas transportadas. Además, la ralentización del ritmo de embarques genera otros inconvenientes operativos que vuelven a aumentar los costos. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó pérdidas a la cadena de valor granaria argentina del orden de los 315 millones de dólares para el primer semestre del 2021. En 2020 los sobrecostos habían sido de 245 millones de dólares.
Dentro de las economías regionales, la bajante afectó la fauna íctica al dejar seco el valle de inundación donde los peces se refugian, alimentan, reproducen y crecen y produjo inconvenientes en el riego de cultivos y complicó las producciones industriales que necesitan captar agua. También acrecentó los problemas de incendios en las islas y los de contaminación del agua, ya que se redujo la capacidad del río de dilución de los afluentes crudos o industriales.