Las compañías aéreas extranjeras piden reunión “urgente” con el Gobierno y alertan que miles de argentinos quedarán varados en el exterior

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) pidió con urgencia una reunión al Gobierno argentino a raíz de la decisión oficial de restringir a 600 personas el cupo diario de ingresos de personas por vía aérea al país y prohibir el ingreso de extranjeros por motivos turísticos.

“Comprendemos que el Gobierno argentino está enfocado en proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Como industria, hemos hecho todo lo posible para garantizar una conectividad segura del país, a pesar de las drásticas restricciones operativas que ya existen. Sin embargo, la nueva reducción de 70% en el número de pasajeros internacionales que puedan llegar diariamente al país, obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos, sin que ellos tengan la culpa”, dijo Peter Cerdá, Vicepresidente Regional de IATA para las Américas.

La drástica reducción en el cupo de ingresos se produce luego de la imposición previa de un tope de 2.000 pasajeros diarios que podían llegar en vuelos internacionales y que ya había obligado a las aerolíneas a reducir y modificar drásticamente sus horarios.

Según el decreto del Gobierno, a partir de este lunes sólo podrían ingresar 600 pasajeros al día en vuelos internacionales. Algunos vuelos internacionales ya empezaron a ser cancelados y se espera que a más tardar el martes la ANAC de algunas precisiones sobre la programación de vuelos del mes de julio.

La agencia, a cargo de Paola Tamburelli, tiene sin embargo un cierto margen de flexibilidad, que podría aplicar en especial durante los próximos días. La disposición 1798, firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre la implementación de las nuevas restricciones, dice que “la ANAC, actuante en el ámbito del ministerio de Transporte, dispondrá un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de los argentinos, las argentinas y residentes que se encuentren en el exterior”,pero también la autoriza a “ampliar, disminuir o eliminar el citado cupo, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional”.

“Tal como está, las compañías aéreas no podrán aplicar la nueva norma del Gobierno. Como mínimo, deberían informar de cómo se distribuirán las 600 plazas entre las compañías aéreas que prestan servicios internacionales de pasajeros al país. Esto debe hacerse de forma no discriminatoria y transparente, por lo que hemos solicitado una reunión urgente con los responsables. Como industria, nos gustaría seguir ofreciendo una conectividad aérea esencial hacia y desde Argentina, tanto durante la pandemia como después. Pero al tomar estas decisiones unilaterales y de corto plazo, el gobierno corre el riesgo de aislar aún más al país. Tenemos que aprender a vivir con el COVID-19 en adelante y las autoridades responsables tienen que seguir la ciencia y no dejar que el miedo guíe sus decisiones”, dijo Cerdá.

A su vez, JURCA, la Cámara que agrupa a las compañías aéreas que operan en la Argentina, emitió un comunicado en el que denunció el “virtual cierre de fronteras” y señaló que la decisión “intempestiva” del gobierno de reducir la cuota de ingresos aéreos afectó ya fuertemente a las compañías áreas “debiendo cancelar y/o reprogramar parte de sus vuelos previstos para lo que resta del mes de junio y parte del mes de julio, en función de las autorizaciones recibidas hasta el momento”.

“Hoy, varias compañías aéreas han recibido cancelaciones de los vuelos que estaban aprobados hasta fin de mes, incluso algunas fueron informadas en el mismo día del vuelo, lo cual deja a nuestros pasajeros con la inesperada sorpresa de no poder regresar. Considerando que hay casos de Líneas Aéreas que tienen un solo vuelo para los próximos quince días desde algunos destinos, esto deja a nuestros pasajeros en una situación realmente preocupante por la falta de opciones de conectividad” sostuvo Felipe Baravalle Director Ejecutivo de JURCA. “Estamos tan sorprendidos como los pasajeros por lo drástico de esta medida de la cual no fuimos participes. Solicitamos a las autoridades nos reciban para presentar opciones de regreso para los miles de pasajeros que se verán afectados por esta medida” manifestó Baravalle.

La instrumentación de la nueva norma está a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), dependiente del ministerio de Transporte, que debe coordinar la reducción con las Aerolíneas. En ANAC dijeron que estaban trabajando intensamente con las empresas para la reprogramación de vuelos, pero en dos líneas aéreas consultadas dijeron no haber recibido ninguna directiva clara sobre cómo operar. A algunas, además, ya les fueron cancelados algunos vuelos.

Sugerencia inviable

Desde Transporte habían sugerido que las compañías dispusieran de aviones con menor capacidad, lo que en las empresas consideran inviable, por tratarse de vuelos internacionales, en muchos casos intercontinentales y de largo recorrido.

Además, el nuevo límite, que prácticamente puede completarse con dos vuelos diarios, haría inviable para las empresas mantener un número de servicios adecuado o mantenerlos con tasas de ocupación bajísimas y económicamente ruinosas.

Como ejemplo: este domingo (en que todavía no rige el cupo de 600 ingresos diarios, sino que se mantiene el de 2.000), hay programados 13 arribos internacionales al Aeropuerto de Ezeiza, 5 de ellos de Aerolíneas Argentinas. Con la nueva medida, deberían tener una ocupación promedio de 46 pasajeros, 85% por debajo del promedio de la capacidad de aviones que pueden transportar entre 200 y 400 pasajeros.

Un problema, dicen desde las empresas privadas, son los privilegios de Aerolíneas Argentinas, que prácticamente dejaría afuera a las restantes compañías.

En la nueva fase, el Gobierno dispuso que hasta el 9 de julio las fronteras sigan cerradas al turismo y se mantienen suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido, Chile, Brasil, la India, los países de África y Turquía.

Además, los argentinos que regresen desde el exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto deberán aislarse en lugares que determinen los gobiernos provinciales y de CABA, durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen.

En todos los casos, los costos estarán a cargo de los pasajeros y el Gobierno ha advertido que controlará el cumplimiento del período de aislamiento domiciliario y radicará denuncias penales en caso de verificarse incumplimientos, invocando los artículos 205 y 239 del Código Penal, “por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública”, que contemplan penas de prisión de 6 meses a 2 años y de 15 días a 1 año, respectivamente.

Para ser autorizados, quienes viajen deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina, testearse también al llegar y nuevamente al séptimo día de ingreso. Los “negativos” deberán cumplir con el aislamiento y los positivos hacerse un testeo de “secuenciación genómica” (para detectar la variante del virus) y, junto con sus contactos estrechos, aislarse en lugares indicados por las autoridades.