Ambientalistas entrerrianos vuelven a la Corte Suprema contra las fumigaciones
Por segunda vez en un año y medio, la coordinadora Por una vida sin agrotóxicos «Basta es Basta», acudió a la CSJN frente al rechazo de parte de la justicia provincial a los reclamos que buscan frenar las fumigaciones que caen sin control sobre viviendas y escuelas de la provincia.
En febrero de 2020, fue a partir de una denuncia impulsada en conjunto con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) frente a la fumigación que afecta a alumnos, docentes y trabajadores de las escuelas rurales de la provincia; esta nueva presentación surge como reacción al rechazo del STJ a un amparo ambiental, luego de que un vecino de la localidad de Colonia Avigdor realizara cerca de 10 denuncias por fumigaciones con agrotóxicos a corta distancia, sin obtener soluciones ni respuestas satisfactorias de las autoridades y organismos competentes.
En este marco, la semana pasada, integrantes de Basta es basta presentaron un nuevo recurso de queja en la Corte Suprema debido al rechazo del amparo ambiental que pedía «alejar los agrotóxicos para resguardar la salud de las poblaciones».
Cabe recordar que, en primera instancia, el juez Civil, Comercial y Laboral de La Paz, Diego Rodríguez, falló a favor de los denunciantes, sentencia que fue revertida por el máximo órgano judicial de la provincia, que dio la razón a los demandados (la comuna de Colonia Avigdor y el Gobierno de la provincia) y condenó a los firmantes del amparo a pagar las costas «con claro intento disciplinatorio», según consideraron desde la organización. Luego, el STJ rechazó el recurso extraordinario presentado.
«Nuestras acciones ‘a fin de proteger efectivamente el interés general’ se dan en distintos ámbitos, con el objetivo de generar conciencia colectiva no sólo de lo ya evidente y palpable (los efectos dañinos sobre la salud y el ambiente de los agrotóxicos) sino también de la necesidad de políticas públicas que atiendan estos reclamos ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que siguen una misma línea en relación con lo que le dictan los sectores económicos promotores y beneficiarios de extractivismo en la provincia. Hemos dejado en evidencia a quienes responden los tres poderes del Estado y cuáles son sus verdaderas intenciones más allá del hipócrita discurso eleccionario en torno a un supuesto cuidado de la salud de entrerrianos y entrerrianas», cuestionaron desde el espacio que desde hace más de tres años se viene movilizando y apelando a distintas vías de reclamo para poner el tema en agenda y para tratar de avanzar en la protección del derecho a la salud y a un ambiente sano.
Asimismo, los ambientalistas lamentaron que «quienes apoyaron el amparo y festejaron el fallo del juzgado de primera instancia Civil, Comercial y Laboral de La Paz, luego quedaron con el sabor amargo de ver cómo el STJ fallaba en contra de la salud de las poblaciones, tergiversando la legislación ambiental y reduciéndola a un contradictorio propio del proceso civil».
«Así –agregaron– buscaron cualquier artilugio jurídico para fundamentar su decisión, olvidando que el derecho ambiental tiene por fin la efectiva protección de la salud pública, no el uso estratégico de la legislación de rango menor existente para facilitar la contaminación».
Frente a ese panorama desfavorable, desde Basta es basta advirtieron que irán «a los tribunales internacionales si es necesario» y que buscarán «todas y las mejores estrategias para seguir batallando, porque es una obligación moral, un compromiso con estas generaciones y con nuestro tiempo. Mientras conmueve a todo Entre Ríos la batalla de madres con sus hijos cuando el Estado no se hace cargo de los millonarios tratamientos oncológicos, del que sí se hace cargo la solidaridad entrerriana», frente a lo que advirtieron, se hace necesario «atacar las causas que generan daño genético en la gurisada».
