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viernes, julio 19, 2024
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Fiscalía y Erro ofrecen un juicio abreviado por cuatro causas

El exintendente de Gualeguay, Luis Erro (PJ, 2007/2015) buscar cerrar sus cuentas con la Justicia mediante un acuerdo de juicio abreviado que se trabajó durante dos meses entre la defensa a cargo de Miguel Cullen y el Ministerio Público Fiscal. Se trata de cuatro causas penales, en tres de las cuales Erro está imputado.

El jueves 10 comenzó a tratarse ese abreviado ante un tribunal conformado por Roberto Javier Cadenas, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay; José Alejandro Calleja, juez de Garantías y Transición de Victoria; y Gustavo Acosta, juez de Garantías y Transición de Nogoyá. Calleja y Acosta reemplazaron a los jueces de juicio de juicio de Gualeguay Dardo Tórtul -fue fiscal y fue esposo de una funcionaria de Erro-; y Darío Ernesto Crespo, por cuanto actuó antes en las causas del exintendente.

El jueves  se ventiló la primera de las tres causas en las que está comprometido Erro: la denominada «causa de la espuma», en la que el delito reprochado cambió de administración infiel a abuso de autoridad. En la imputación de apertura de causa, estaban acusados, además de Erro,  el exsecretario de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano Dunat; al secretario de Gobierno, Mariano Iturbe; el exsecretario de Hacienda, Pablo Figueroa; y Carolina Camino, una comerciante que ganó la licitación para proveer de espuma a los carnavales de Gualeguay de 2013.

La causa fue caratulada “Caminos Carolina y otros. Apelación. S/Defraudación a la Administración Pública” y en ella se cuestiona la contratación directa de espuma marca Nashville por una suma de $10 mil pesos de ese entonces.

La investigación penal se abrió a partir de una denuncia formulada en febrero de 2013 por el exintendente local Héctor Jaime, que fue funcionario de Cambiemos de Gualeguay de Anses hasta diciembre de 2019.

En los primeros trazos del abreviado, en esa causa Erro admitiría su responsabilidad en la irregularidad, y aceptaría una condena condicional de menos de dos años más la reparación económica al Estado. También el exsecretario Dunat tendría igual tratamiento. En tanto, la comerciante que proveyó la espuma para el carnaval de Gualeguay accede a probation por cuanto no es funcionaria pública. Los otros dos funcionarios, Iturbe y Figueroa, se acordó que al haber tenido funciones en otras áreas se los absuelve por cuanto no tenían competencia en el tema.

No obstante, la audiencia del jueves 10 no se pudo avanzar más allá del tratamiento de la primera de las tres causas por cuanto se produjo un corte de luz -estalló un transformador- y por eso la audiencia se reiniciará este martes 15, a las 9,30, en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Aunque la fecha está condicionado a que el defensor de Erro, Miguel Cullen, pueda asistir por cuanto tiene cuestiones particulares que podrían impedir su presencia.

En el reinicio del tratamiento del abreviado, se comenzará a ventilar una segunda investigación penal, la nombrada en forma corriente como «la de las luminarias».

Esa causa se inició a instancias de una denuncia formulada por el fallecido intendente de Gualeguay, Federico Bogdan (UCR-Juntos por el Cambio). El dirigente denunció irregularidades en la obra de mejoramiento del alumbrado público. La empresa que fue beneficiada con la contratación fue la firma Radio Lux.

La causa avanzó, y se imputó los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y defraudación al Estado en los procesos administrativos de la obra, que fue financiada por el programa nacional Más Cerca, en 2014. Entonces, el municipio recibió $1,4 millones para la iluminación de los bulevares Arturo Illia y San Juan. Según la acusación, parte del dinero fue utilizado para otros proyectos, desviando los fondos que tenían un destino exclusivo.

La tercera investigación penal, «la causa de los cheques»,  tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos, porque es anterior a 2014. Se trata de una investigación por el presunto delito de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La causa se originó por una denuncia del propio tesorero municipal, Rodolfo Estapé, sobre la existencia de cuatro cheques de $2.500 cada uno que fueron recibidos por el Ejecutivo en diciembre de 2009, en el marco de los carnavales 2010, de los cuales solo recibió fotocopias. El dinero de los cheques fue repuesto por el Ejecutivo luego de la denuncia del tesorero, quien fue removido del cargo.

Una cuarta causa salpica a la administración Erro aunque el exintendente no está imputado. Se trata de la construcción de un grupo de 80 viviendas.

En el marco de ese caso, en febrero de este año el juez de Garantías de Gualeguay, Esteban Sebastián Elal, condenó en un juicio abreviado al arquitecto Hugo Federico Gotusso a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer como funcionario público, más la obligación de realizar 80 horas de prestación de servicios de asesoramiento a la Municipalidad de Gualeguay en materia de obras públicas y proyectos comunitarios, en el área de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación, al hallarlo responsable del delito de administración infiel agravada por tratarse de un fraude a la Administración Pública.

¿Cómo ocurrió el delito del arquitecto Gotusso?

Fue mediante el mismo modus operandi que en la multimillonaria causa de los contratos truchos en la Legislatura: un empleado precarizado firmaba un contrato para la realización de una obra y acordaba una remuneración que siempre era mayor a la que efectivamente luego percibía. La diferencia quedaba en poder de Gotusso, y también de quien actuaba con él, Silvio Oscar Carballo, que ejerció el cargo de director de Hacienda en la gestión del exintendente Luis Erro, entre 2011 y 2015.

El hecho imputado dice que “entre los meses de abril de 2014 y diciembre de 2015, el arquitecto Hugo Federico Gotusso, actuando en representación de la Municipalidad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, en su carácter de responsable técnico e inspector de obra del ‘Consorcio de Gestión para la Construcción de Viviendas Gualeguay’ (creado por el Municipio como un ente de derecho público), y el contador Silvio Oscar Carballo, actuando también en representación de la Municipalidad de Gualeguay, en su rol de Director de Hacienda y responsable contable del ‘Consorcio’, y desempeñándose de acuerdo a un plan común con división de trabajo, el primero cumpliendo una función vinculada a la ejecución de las obras y el segundo tareas relacionadas con el manejo contable de las mismas, y teniendo en ambos casos a su cargo la administración y el cuidado de los intereses pecuniarios del ‘Consorcio’ y del Municipio, con la finalidad de procurarse un lucro indebido para ellos mismos, perjudicaron los intereses confiados al hacer que los albañiles contratados para llevar a cabo la edificación de las viviendas, facturen periódicamente las tareas desarrolladas con sobreprecios, apropiándose en forma indebida de la diferencia entre lo efectivamente construido y percibido por los albañiles y lo facturado por éstos, causando así un perjuicio patrimonial al ‘Consorcio’ y al Municipio que asciende a la suma total de $4.505.778,90”

Todo se originó en el decreto N° 1.075, dictado el 16 de octubre de 2013, por el entonces intendente Luis Erro  mediante el cual la Municipalidad  dispuso la creación del «Consorcio», el que se conformó en fecha 17 octubre de ese año  en el marco del «Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales – Convenio Específico.

Dice además que  “por medio de episodios periódicos y reiterados, en el marco de una única gestión de los dineros públicos, causaron un perjuicio económico total estimado de $4.505.778,90  en concepto de mano de obra vinculado con la construcción del Barrio 80 Viviendas ubicado en la Segunda Sección Quintas, Quinta Nº 220”, y en relación con los servicios prestados por trabajadores de la construcción, que “facturaban montos exagerados y falaces, distintos a lo realmente percibido por ellas y las tareas y obras realizadas, generándose con ello un resultado económico lesivo provocado dolosamente por el arquitecto Hugo Federico Gotusso y el contador Silvio Oscar Carballo, quienes sustrajeron para sí los montos sobrantes de la diferencia facturada mencionada”, dice el acuerdo de juicio abreviado.

El documento judicial especifica que las maniobras consistían en que Gotusso “contrataba al personal de albañilería” y “les decía él mismo, o por intervención del contratista Juan Marcelo Maye, que debían darse de alta en la AFIP –como monotributistas- para luego poder cobrar. Los trabajadores, sin entender del tema y ante el temor de perder su trabajo, (cuya situación laboral era de por sí precaria) y confiando, asimismo, en la palabra de Gotusso, que era quien manejaba las inscripciones impositivas junto con el contador Silvio Oscar Carballo, accedían y para ello iban generalmente al Edificio Plaza de la ciudad de Gualeguay, oficina particular en la cual se llevaban a cabo los trámites pertinentes para la inscripción ante el organismo impositivo. Carballo les indicaba cómo debían hacer para inscribirse en AFIP. Una vez que los trabajadores tenían sus talonarios de facturas impresos, les eran entregadas a Gotusso y/o a Carballo, previo requerimiento de éstos con el propósito último de ser ellos (…) quienes completaran los talonarios de facturación, cuyos montos, frecuentemente, solían ser superiores a la suma de dinero que realmente percibía la mayoría de los albañiles por las tareas cumplidas. En razón de aquellas maniobras, se configuraba un sobreprecio y pagos adicionales en concepto de mano de obra”.

La modalidad de obtención del dinero y firma de talonarios consistía en que, mensualmente, Gotusso   “se apersonaba con un portafolio en el Bº 80 Viviendas, y en una casilla de madera que funcionaba de obrador en el medio de la obra, se reunían (…)y, a los pocos minutos, comenzaban a llamar de a uno a los trabajadores para pedirles, dentro de la casilla que luego desarmaron, que firmaran los cheques al dorso, los cuales se encontraban dados vuelta, muchas veces abrochados en una hoja, con el fin último de que no se viera el importe que surgía de aquellos, el cual era mayor al que realmente percibía la persona que suscribía dicho cartular. De este modo los albañiles, sin saberlo, endosaban los cheques a la empresa “El Mirador S.R.L.” (depropiedad de José Luis Pitón; Marta Beatriz Pitón; Daniel Pitón y Eduardo Pitón), cuya actividad comercial principal es la venta al por menor de combustible, y con la cual los albañiles mencionados no tenían ningún vínculo contractual o comercial que justifique el endoso de los cheques recibidos. Luego de que los trabajadores firmaran los cheques (dados vuelta) y los endosaran así a la firma indicada, a los pocos días Gotusso y Carballo les pagaban con dinero en efectivo y en un sobre, por una suma de dinero inferior al consignado en los cheques”.

La investigación judicial se había iniciado a partir de una denuncia presentada en el Ministerio Público Fiscal de Gualeguay el 3 de marzo de 2016 por parte del periodista Norman Robson. El agente fiscal que intervino fue Agustín Gianini –hoy ya no es empleado judicial- sobrino del exintendente Erro. Robson involucró en su denuncia a la exsecetaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Gualeguay, la hoy diputada provincial Paola Rubattino.

La obra en cuestión comenzó el 21 de abril de 2014, con un presupuesto oficial de $24.672.491. El plan incluyó la construcción de 80 viviendas.

(Entre Ríos Ahora)